Uno de los principales problemas con los que se han topado las autoridades sanitarias a la hora de controlar la expansión del coronavirus en España han sido las residencias de mayores, auténticos focos de contagio en las primeras fases de la epidemia. Hasta ahora, han fallecido en ellas al menos 3.600 personas por Covid-19 y otras 6.600 se han contagiado, sin embargo el Gobierno considera que las Comunidades Autónomas no están llevando bien los cálculos y por ello les ha instado, en una orden ministerial publicada este sábado en el BOE, a establecer criterios unificados para efectuar el recuento exacto de víctimas.
Todo para poner orden en un caos en el que cada región hace a guerra por su cuenta. Las cifras que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha ofrecido hasta ahora incluyen solo una aproximación para los fallecidos en las residencias de la región (2.000), en vez de publicar estadísticas oficiales pese a ser la más golpeada por el coronavirus. Castilla y León, por su parte, directamente no especifica los afectados en centros de mayores.
En esta comunidad, desde el pasado 14 de marzo, los datos que la Junta facilita diariamente a Sanidad recogen solo las defunciones «constatadas» que se han producido por Covid-19 en los hospitales de la comunidad autónoma. Se excluyen, por tanto, los muertos en las residencias bajo el epígrafe de «fallecidos por síntomas compatibles con el coronavirus».
En el documento unificado que propone Sanidad cada comunidad deberá especificar el total de fallecimientos en centros de servicios sociales de carácter residencial desde el pasado 8 de marzo hasta la fecha y, dentro del número resultante, especificar los decesos cuya causa haya sido el Covid-19. También detallar si el incremento de fallecimientos ha sido «inesperado» o si se ha debido a falta de medios. Además, tendrán que llevar un control en los geriátricos de la población que se encuentre con síntomas compatibles con la enfermedad.