Cataluña, junto con otras diez comundades autónomas, ha recibido una carta conjunta de los ministerios de Hacienda y Sanidad pidiendo medidas urgentes de contención del gasto sanitario, con especial atención al gasto en medicamentos y productos sanitarios. Se argumenta que Cataluña ha superado la tasa de crecimiento de gasto para los ejercicios 2017 y 2018 y recuerda que está adherida al mecanismo de apoyo a la sostenibilidad del gasto sanitario, condición necesaria para el acceso a los fondos estatales de liquidez.
Para ampliar contexto, algunos datos relevantes: Cataluña crece sostenidamente alrededor del 2% (por encima de la zona euro); la Generalitat puede volver a financiarse en los mercados (saliendo del ultracontrol del FLA); los ingresos no financieros de la Generalitat crecen un 8% respecto al año pasado, por encima de los gastos; y se han reducido un 24% los intereses y los gastos de la deuda. En 2017 y 2018 la Generalitat cerró el ejercicio cumpliendo el objetivo de déficit establecido por el Ministerio de Hacienda (mientras el Estado no cumplía con los objetivos que ahora exige a las CCAA). Por cierto, el gasto farmacéutico en 2018 creció en Cataluña como la media española. Cataluña ha hecho los deberes, pero los ministerios piden medidas de contención del gasto social.
En mi opinión, cuatro aspectos son relevantes en esta polémica con respecto a la aplicación de políticas fiscales y sanitarias: la velocidad, los límites, los contenidos y las competencias.
En cuanto a la velocidad, España implantó recortes fiscales intensos y en el corto plazo (incluyendo una reforma constitucional exprés) en plena crisis de la deuda. Contención absoluta del gasto autonómico (por lo tanto social) y aplicación de políticas anticíclicas, pero solo en la fase expansiva de la economía (como) mediante la regla de gasto. No parece demasiado lógico imprimir velocidades diferentes cuando hay que “recortar” que cuando hay que “recuperar”. Políticas contracíclicas sí, pero durante todo el ciclo y en velocidades soportables.
En cuanto a los límites establecidos por la regla de gasto: hoy la mayoría de las CCAA no la cumplen. Un incumplimiento estructural y sistematizado requiere una revisión de los límites,