Hace 10 años el que firma este artículo recibía el premio Ortega y Gasset de periodismo por un artículo en el que contaba cómo había ayudado a morir a su madre, víctima de un cáncer terminal.

Hoy, 4 de abril, 10 años después de aquello, la policía ha detenido a Ángel Hernández por hacer lo mismo, es decir, por darle a su esposa, María José Carrasco, y de acuerdo con ella, una sustancia que la ayudó a morir, cuando era víctima de una enfermedad, la esclerosis múltiple, en fase terminal.

Los casos son muy similares, y es difícil discernir por qué uno acaba sin que nadie pague por ello y el otro con la humillación de que el autor de los hechos haya sido detenido por agentes del grupo V de Homicidios.

Ángel será, imagino yo, liberado muy pronto de la acción de la policía. Y podrá llevar adelante el duelo por María José sin que unas esposas metálicas le aprieten las muñecas. Para eso vale que el ministro del Interior sea un tipo decente.

También seguirá en libertad el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plà, quien escribió hace tiempo una carta pastoral contra la eutanasia. Y seguirán en libertad los diputados del PP y de Ciudadanos que han obstaculizado a lo largo de esta legislatura el que el Gobierno haya podido cumplir con su promesa de aprobar una ley sobre el asunto.

No hay gente en la cárcel de todos aquellos que se hartaron de llamar asesino al doctor Luis Montes porque aplicó cuidados paliativos a pacientes terminales. El tipo era un buenazo, y se murió con la sonrisa en los labios de los que han cumplido con su deber. Al menos, los jueces le permitieron saborear el gusto de la victoria moral.

Tampoco están en la cárcel los diputados de Ciudadanos que han trabajado contra la ley porque la aritmética parlamentaria lo exigía. Yo creo que los seguidores homófobos de Reig Plá, los meapilas del PP,

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