Aún es pronto para saberlo, pero el desbordamiento del sistema sanitario por culpa del COVID-19, especialmente desde que se decretó el estado de alarma el viernes, se traducirá en una caída acusada de la actividad tanto de donación de órganos como en la realización de trasplantes. La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, prevé que «en las próximas semanas se producirá un importante descenso en la actividad». Con todo, Domínguez cree que en cuanto acabe la saturación de los hospitales, se verá «la luz al final del túnel».
El colapso del sistema nacional de salud por culpa de COVID-19 y en concreto de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que son precisamente los lugares donde ocurre la donación (y donde están ingresados los enfermos que reciben un trasplante), está haciendo que el número de operaciones se resienta. Estos problemas son especialmente acuciantes en las zonas más castigadas por el SARS-CoV-2, sobre todo en Madrid, explica Domínguez-Gil.
La ONT concederá prioridad durante los días que se avecinan a los pacientes en situación de urgencia y con mayores dificultades para obtener un órgano. «El objetivo de la red es preservar la actividad en todo momento en la medida en que lo permita la epidemia».
Por ahora se ignora si la infección puede transmitirse por un trasplante. A la vista de esta incertidumbre, los dirigentes del sistema se inclinan por la precaución, de modo que «cualquier persona que haya fallecido a causa del COVID-19 no puede ser donante ni de órganos ni de tejidos ni de células».
«Al resto de donantes», prosigue Domínguez-Gil, «se les tiene que hacer un cribado. Si el resultado es positivo, dudoso o no concluyente no se sigue adelante con la donación».
Más allá del incierto panorama, hay una noticia positiva: conforme vaya creciendo el número de enfermos curados de COVID-19, se puede sopesar la idoneidad de un trasplante.