Los tutores legales de personas mayores incapacitadas que se nieguen a que esos familiares sean vacunados contra el coronavirus se exponen a perder la tutela en caso de que un juez, basándose en criterios de salud, estime obligatoria la vacunación, según la Fiscalía de Sevilla.
Así lo ha manifestado este miércoles el fiscal delegado de Mayores y Protección de Personas con Discapacidad en Sevilla, Norberto Sotomayor, después de conocer el primer caso de familiares que rechazan la vacunación de un anciano que reside en un geriátrico de la provincia.
En declaraciones a los periodistas, Sotomayor ha explicado que ha sido la residencia la que le informó de que los familiares, hijos del paciente, se negaron a rellenar el formulario previo a la vacunación y por tanto no dieron su consentimiento.
El fiscal «formalmente» no ha abierto ninguna diligencia informativa respecto a este primer caso de negativa «expresa» a la vacunación y en ningún momento emprendería una investigación penal más allá de la civil, según ha aclarado el representante del Ministerio Público, quien también ha adelantado que tiene noticias de que habrá «más casos» similares en los próximos días.
De hecho, el fiscal está en contacto con las autoridades sanitarias «para encauzar» el proceso y este martes envió un escrito a la delegada provincial de Salud para pedirle que requiera a todas las residencias información sobre supuestos de rechazo a la vacunación de ancianos incapacitados.