María Teresa Blanco, a la que el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) se negaba a reanimar, se ha recuperado y ha recibido el alta médica. Los doctores indicaron a la familia que no sería conveniente reanimarla si entraba en parada cardiorrespiratoria porque “esa intervención sería demasiado agresiva para ella”. Ante esta negativa, la familia acudió a la Asociación Española de Abogados Cristianos, que solicitó la semana pasada una medida cautelar en el juzgado número seis de Alcalá de Henares para que Blanco fuera atendida. La titular del juzgado les dio la razón.
Blanco, de 50 años, padece una enfermedad neurodegenerativa que la mantiene sin habla y apenas sin movimiento, pero la familia defiende que interacciona con los hermanos. «Ríe y hace pucheros cuando se van de la habitación, como un niño pequeño”, describió la semana pasada su hermano, Máximo Blanco. La enferma fue ingresada en el hospital alcalaíno el pasado 4 de julio, con un pronóstico grave de sepsis. En los últimos años ha estado hospitalizada en más de 20 ocasiones.
«Esto ha sido posible gracias a que no está aprobada la ley de eutanasia», ha declarado Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. «Con esa ley, los médicos podrían haberla dejado morir contra su voluntad y ni la familia ni nosotros podríamos haber hecho nada para evitarlo», ha añadido. En su ataque contra la regulación de la eutanasia, Castellanos ha insistido en que «la vida de los enfermos y personas con discapacidad es igual de digna y merecen la misma protección, al amparo del artículo 43 de la Constitución Española». Además, ha insistido en que «cualquiera de nosotros» se puede encontrar en la misma situación y es necesario «tener la seguridad de que los médicos que nos atienden van a luchar por nuestra vida».
El hospital también acudió a los juzgados al considerar que las medidas en una persona tan debilitada suponen un “encarnizamiento terapéutico” que «no beneficiaría» a la paciente. Además, dicen fuentes hospitalarias, acuden al juez para defenderse de la “actitud intimidatoria de la familia con los profesionales médicos”.