La pandemia de la Covid-19 ha confinado a un tercio de la humanidad y ha paralizado las principales potencias del mundo. La dificultad para seguir el rastro de la enfermedad y su rápida expansión por el mundo evidencia la sociedad hiperconectada que hemos construido en las últimas décadas.
Internet, esqueleto vertebrador de dicha sociedad, es hoy el amortiguador imprescindible para la caí́da de la actividad económica y social causada por la crisis sanitaria. Con el incremento exponencial del uso de la red, han salido a relucir las debilidades en capacidad, organización y reparto coste-beneficio de internet generados por la regulación en la Unión Europea.
La regulación de los proveedores de internet
La inversión en la construcción y refuerzo de la infraestructura digital ha estado históricamente en manos de los proveedores de servicios de internet (ver Figura 1). La necesidad de infraestructuras del mercado de banda ancha hizo que dichos agentes fuesen monopolistas del acceso a la red en cada uno de sus países. Por ello la regulación europea se centró en ellos y en la reducción de su poder en dos sentidos:
-Fomentado la competencia entre operadores europeos.
-Canalizando la inversión.
Como resultado, el número de operadores con red propia ha crecido en los últimos 25 años, los precios de acceso para los usuarios finales han caído y los servicios empaquetados de telecomunicaciones (fijo, móvil, internet y televisión) han ganado peso en el mercado.
Pero la regulación también tiene un lado negativo: ha debilitado a dichas empresas frente a los grandes proveedores de contenidos que venían de fuera. A estos no se les aplicó la regulación anticompetencia europea ni participan en gran medida de la tributación de la UE.
El debate de la neutralidad
Por otro lado, internet (el tráfico de datos en la red) ha sido regulado para mantenerse como una red abierta en medio de un polémico debate.