El Gobierno repartirá diez millones de mascarillas a partir del lunes entre los trabajadores de los sectores no esenciales que vuelvan al trabajo tras el fin del permiso retribuido recuperable, y tengan que hacerlo en transporte público. Sin embargo, su uso no será obligatorio. «Si alguien no se la quiere poner, no se la pone. Es solo un apoyo a las medidas de protección», reconoció ayer el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la medida después de que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades haya pasado de aconsejarlas solamente a personas con síntomas, a generalizarla entre toda la población tras estudiar la evidencia de que se pueden producir contagios entre asintomáticos. El pasado 26 de febrero, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, decía que «no es necesario que la población utilice mascarillas».
Un mes y medio más tarde, cuando España ya había superado las 11.000 muertes por coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que el Ejecutivo estaba barajando la posibilidad de recomendar su uso para salir a la calle. Pero por el momento, lo limita al transporte público, donde «es más complicado mantener la distancia de seguridad».
El reparto de mascarillas –que empezará mañana o el martes, según los días festivos de Semana Santa en cada comunidad– durará dos días y se realizará en hora punta en las proximidades de las estaciones de metro, autobús o cercanías. En él, participarán policías, guardias civiles, cuerpos autonómicos y locales, junto a voluntarios y profesionales de Protección Civil. «Es una medida de protección –insistió Marlaska– para los desplazamientos laborales y que se complementa con las otras medidas de distanciamiento social y lavado de manos».
Para esta vuelta al trabajo, el Gobierno ha preparado una guía para trabajadores y empresas con recomendaciones que tratan de reducir al máximo el riesgo de contagio cuando la pandemia aún no está controlada.