La Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro hombres por un delito de facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos, al haber intentado comprar un trozo de un hígado a personas «especialmente vulnerables por su penuria económica». Su oferta más alta ascendió a 40.000 euros.
Las penas son relativamente bajas para un delito que puede acarrear hasta 12 años de prisión: dos años de cárcel para los tres que buscaron a los candidatos y solo uno para el enfermo que precisaba el órgano y había realizado el encargo. El motivo es que la transacción, prohibida por la legislación española y que hubiera entrañado un grave riesgo para la salud de los donantes, no llegó a concretarse. Aunque no por falta de acuerdo de las partes. Los dos hospitales españoles donde el aspirante a receptor intentó que se realizara la operación lo rechazaron, al sospechar que no se trataba de una donación altruista entre vivos, una fórmula aceptada por la legislación. Y también porque los cuatro acusados han admitido los hechos en el marco de un pacto con la Fiscalía, lo que supone evitar el juicio y suele llevar aparejado una rebaja de la pena.
Se trata del segundo fallo de este tipo en España, después del que la Audiencia de Barcelona dictó en 2016. En aquel caso la pena se elevó a seis años de cárcel.
La nueva sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia establece que Hatem Akouche, un rico empresario libanés que sufría una enfermedad hepática y necesitaba un trasplante de hígado, pidió en 2013 a varios familiares que vivían en Valencia que le ayudaran a encontrar un donante vivo. El sistema español de trasplantes no permite que un extranjero reciba un órgano extraído a un cadáver, pero sí puede recibirlo de un familiar o un allegado que se lo ceda de forma altruista.
Uno de los sobrinos del acaudalado enfermo, Hassan Akouche, que era gerente de Intermarmor, una industria cerámica con sede en Novelda (Alicante), el hijo del enfermo,