En los últimos dos meses, un tribunal ruso ordenó a una plataforma de redes sociales que bloqueara a grupos LGBTIQ para que no compartieran información; un académico en Turquía fue enviado a prisión por publicar un artículo sobre los vínculos entre la contaminación del agua y las altas tasas de cáncer en la región, y las autoridades de Bangladés restringieron el acceso de los refugiados rohingya a los servicios de telecomunicaciones móviles. Aunque 117 países de todo el mundo han adoptado leyes integrales que apoyan el derecho a la información, todavía existe una tendencia entre los Gobiernos de limitar las libertades cuando sus agendas políticas se ven amenazadas, y Brasil es uno de los perpetradores.
En septiembre, la revista digital brasileña AzMina publicó una historia titulada ¿Cómo se realiza un aborto seguro?, brindando a los lectores información sobre varios métodos fiables, incluido el realizado con medicamentos, de acuerdo con los estándares de salud global. Estos estándares detallan cómo usar los medicamentos y explica cuándo puede ser autoinducido, destacando la seguridad y la eficacia cuando las mujeres reciben información precisa. La pieza de AzMina también contó la historia de Rebeca Mendes, la primera mujer en Brasil en solicitar una interupción voluntaria basada en necesidades personales y no médicas, y que viajó a Colombia para llevarla a cabo de forma legal después de que la Corte Suprema de Brasil se lo denegase.
En una reacción rápida, la ministra de Mujeres, Familia y Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves, acusó a la revista de promover el aborto en las redes sociales, un delito bajo el Código Penal del país. La ministra Alves, que también es pastora evangélica, presentó una denuncia contra la revista en la Ouvidoria del Ministerio Público pidiendo una investigación policial. La divulgación de información sobre las recomendaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la atención segura al aborto es legal. El derecho a la información, el derecho a la salud y el derecho a la atención en salud sin discriminación están protegidos por la Constitución Federal de Brasil.