Tomasa, una mañana todavía de verano, empezó a sufrir dolores continuos. Esta peruana, embarazada de siete meses, se fue hasta el Centro de Salud de Miraflores, en Alcobendas. Allí mostró la tarjeta de solicitante de asilo. No la atendieron. Se fue al Hospital Infanta Sofía, tampoco la atendieron. Volvió a casa sin que nadie la viese. Un mes después, a poco más de cuatro semanas para dar a luz, volvió a encontrarse mal y regresó al Infanta Sofía, a urgencias. Ocurrió lo mismo. «Una amiga me había dicho que si me decían que no, fuese a hablar con la trabajadora social del centro, y eso hice», cuenta Tomasa. Después de ocho horas, consiguieron que pasara a consulta.
Detrás de la negativa estaba siempre la misma razón: llevaba menos de tres meses en España, por lo que estaba dentro del periodo de 90 días que un extranjero puede estar «en estancia temporal» en territorio nacional, lo que además obliga a contar con un seguro médico de viaje. Pero Tomasa no era una turista. Era una inmigrante solicitante de asilo con la documentación que lo acreditaba. El cúmulo de incumplimientos por parte del sistema público no acabó ahí. Al poco tiempo de aquella consulta, el Hospital le envió un documento: «Como una factura, me decían que tenía que ir a pagar». A través de Médicos del Mundo, Tomasa recurrió aquella carta de pago, cuya resolución todavía no se ha producido.
Esta «vulneración de derechos» es lo que denuncia la plataforma Yo sí Sanidad Universal, que ha elaborado un informe y está preparando acciones legales contra la exclusión sanitaria de la población inmigrante. Apuntan, sobre todo, a Madrid, una de las dos comunidades, junto a Galicia, a las que también el Defensor del Pueblo advirtió hace unos días. Francisco Fernández recordó que el Real Decreto Ley 7/2018, —sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud que el PSOE aprobó hace poco más de un año y que devolvía este derecho después de que, en 2012, fuese negado por el Gobierno de Mariano Rajoy—,