Portugal aprobó hace cuatro años la primera ley de vientres de alquiler, y acaba de dar el visto bueno a un nuevo texto, el tercero, sin que hasta la fecha se haya registrado ni un solo caso. El pasado viernes volvió a aprobarla con el impulso de parte de la izquierda portuguesa pero se prevé que tampoco tenga resultado práctico. El nuevo texto no incluye un requisito que exigió el Tribunal Constitucional y que había intentado incluir el Bloco, atendiendo a la petición de los jueces: que la madre gestante tenga la posibilidad de arrepentirse incluso después del parto, es decir, que se niegue a entregar al bebé.
En la primera sesión de investidura en el Congreso de los Diputados español de este lunes, Albert Rivera primero y Pedro Sánchez después aludieron a esta nueva norma de Portugal. Rivera para señalar que el país vecino tenía una regulación propia, como ocurre con Reino Unido, Grecia o Canadá. Sánchez para replicarle que esa norma, tal y como está aprobada, es papel mojado. Ambos tenían parte de razón: hay una ley portuguesa pero es papel mojado.
Los vientres de alquiler, o gestación subrogada, es una práctica prohibida en España. Suponen que una mujer geste un hijo para otras personas. Ciudadanos es el único partido que defiende su legalización y ha presentado dos propuestas en el Parlamento.
El culebrón de la ley portuguesa se inició en 2016 cuando el Bloco de Esquerda presentó una iniciativa en ese sentido, que fue apoyada por el Partido Socialista. Su otro socio de la mayoría parlamentaria, el PC, no la apoyó pero los votos necesarios para su aprobación salieron del banco del Partido Social Demócrata (PSD), que dejó libertad de voto a sus diputados.
Veto a gays y lesbianas
La normativa de 2016 recogía que solo podían beneficiarse mujeres sin útero o con alguna dolencia que les impidiera quedarse embarazadas y menores de 40 años de edad, en el caso de tratamientos en hospitales públicos. Las parejas de gays o lesbianas quedaban vetadas.