A finales de la semana pasada condenaron a Metro de Madrid al pago de una indemnización de más de 370.000 euros a la familia de un trabajador fallecido a causa de asbestosis (enfermedad laboral asociada a la exposición al amianto). De esa indemnización, según reza la sentencia, casi 200.000 euros se destinan a restituir el daño moral y el perjuicio psicofísico del que Metro es responsable.
Durante los últimos meses, en la Asamblea de Madrid hemos trabajado en una Comisión de Investigación para esclarecer qué ha fallado durante tantos años —Metro sabía al menos desde 1991 que había amianto en su red, pero no lo comunicó a sus trabajadores hasta 2017—. Para intentar entender que no se hiciese mención a este asesino silencioso y tan solo se empezasen a tomar precauciones cuando el primer trabajador, por su cuenta y riesgo, acudió a la Seguridad Social a hacerse las pruebas pertinentes ante la permanente negligencia de la empresa pública, gestionada por la Comunidad de Madrid.
Según acreditó la Comisión de Investigación, con el voto en contra del Partido Popular, Metro de Madrid conocía fehacientemente la peligrosidad de este elemento desde principios de los años noventa. La empresa llegó a confeccionar en el año 2003 una relación de lugares y materiales que contenían amianto. Pero no fue hasta hace escasos meses, cuando se dignó a aplicar la legislación vigente en materia de protección de los trabajadores y trabajadoras con respecto a este mortífero material.
Aunque el amianto, asbesto o uralita —como se conoce en España por la empresa que lo comercializaba— está prohibido en España desde el final del año 2001, durante el siglo XX se importaron más de 2.600 millones de kilos de amianto (tres veces la capacidad del estadio Santiago Bernabeu lleno hasta arriba). Esos kilos siguen instalados o embutidos en casi 3.000 productos detectados. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, la vida útil del amianto es de entre 30 y 35 años, por lo que en pocos años, más del 80% del material importado habrá finalizado su vida útil y tendrá que ser retirado (por Ley) ya que su deterioro y degradación emite las invisibles y deletéreas fibras cancerígenas.