VIZCAYA, LA AVANZADILLA DEL COPAGO

A falta de que los responsables de Salud den el pistoletazo de salida a la aplicación progresiva del copago farmacéutico en Euskadi, una serie de vizcaínos se han convertido en los últimos meses en los primeros ciudadanos vascos que están teniendo que afrontar esta medida de ahorro ordenada por el Gobierno central.

Aunque el anterior Departamento de Sanidad estableció un sistema de compensación para que los vascos que tuviesen que comprar medicinas en otras comunidades autónomas recuperasen el dinero que tuvieran que abonar por ese concepto, el reintegro de estas cuantías no ha funcionado en Bizkaia en los primeros seis meses de copago en el resto de España.

Desde el verano pasado, la Dirección Territorial de Salud de esta provincia, encargada de ordenar las devoluciones, no ha realizado los pagos por considerar que no cuenta con el soporte jurídico suficiente para materializarlas, según fuentes del anterior departamento. Y ello porque el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente el decreto aprobado por el Ejecutivo socialista para evitar el copago, que incluye este mecanismo de devoluciones. 

Los responsables de la Dirección Territorial se limitan desde hace meses a asegurar que aguardan a recibir “directrices” del actual departamento para saber cómo tienen que proceder.

Al contrario que en Bizkaia, territorio donde viven miles de personas que tienen una segunda residencia por ejemplo en Cantabria, donde el copago lleva en vigor desde julio pasado, en Álava y Gipuzkoa no han surgido ese tipo de dudas.

Ni el Departamento de Sanidad anterior ni el de Salud actual han remitido a EL PAÍS los datos solicitados sobre las devoluciones del copago realizadas hasta el momento ni sobre el número de pacientes afectados por el plante de Bizkaia, pero, según datos publicados a mediados de septiembre, las solicitudes vizcaínas rondaban por aquel entonces las 600. Portavoces de Salud se referían la semana pasada a las peticiones de devoluciones como unas situaciones “residuales”.

Pese a que este grupo de vizcaínos son la avanzadilla vasca en materia de copago farmacéutico, para el resto de los residentes en Euskadi la fecha exacta de entrada en vigor del copago farmacéutico resulta aún una incógnita. No lo son, en cambio, la forma en que funcionará ni las dificultades a las que podría enfrentarse la comunidad autónoma en su aplicación, dada la experiencia de otras regiones de España, que en los últimos meses han tenido que ir despejando distintos problemas.

Sea como fuere, la población vasca ya se encuentra dividida por franjas de nivel de renta. Es decir, aunque no se le aplica, cada ciudadano vasco tiene asignado ya un tipo de copago —del 001 al 006—, basado en los datos de su declaración de la Renta del pasado ejercicio.

Los datos de los contribuyentes realizarán, cada año, su particular viaje a través de las instituciones: las tres Diputaciones los remiten al Instituto Nacional de la Seguridad Social (previa solicitud de este), al finalizar la campaña de la Renta en verano. El Instituto los remite a su vez al Ministerio de Sanidad, que se los devuelve al Departamento de Salud traducidos en el código de copago —y su correspondiente nivel de abono— que corresponda en cada caso.

Ya el pasado verano, el Gobierno vasco advirtió de que el cruce de datos presentaba errores y no tenía en cuenta algunas situaciones, sobre todo relacionadas con prestaciones no contributivas.

Una vez volcados por parte de Salud los datos del copago en la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), cada usuario queda marcado con el correspondiente código que después se plasma en las recetas. Con la visita al farmacéutico, el coste del medicamento pasa de cero euros al 10% del total en el caso de los pensionistas, usuarios de la receta roja, y del 40% hasta el 60% para el resto de contribuyentes.

El sistema informático necesario para gestionar el copago todavía no está listo. Pero hay más. El decreto ley que lo puso en marcha establece que, alcanzado cierto límite de gasto mensual en medicinas, los pensionistas deben dejar de pagar. Las rentas inferiores a 18.000 euros tendrán un tope de ocho euros al mes y, a partir de esa cantidad, se les financiarán todos los medicamentos con receta. Quienes tengan una renta superior a 18.000 euros pagarán un máximo de 18 euros al mes por sus medicamentos. Solo los de rentas superiores a los 100.000 euros elevan el tope a 60 euros. Es decir, que no solo resulta necesario hacer los cálculos del copago, sino también controlar que cantidad ha afrontado al mes un paciente para dejar de cobrarle las medicinas cuando se rebase ese tope. Este aspecto “es un problema”, reconocen fuentes de la consejería.

Hoy en día, los ciudadanos vascos están divididos entre quienes cuentan con la nueva tarjeta sanitaria electrónica (60.000), que permite utilizar la receta electrónica, y los que mantienen la anterior, todavía mayoría. Quienes puedan usar la receta electrónica tendrán su propio sistema de contabilización, pero con el resto será necesario establecer otro, explican dichas fuentes. En el caso de quienes se les haya cobrado de más, habrá que realizar el procedimiento de devolución de gastos.

Los cálculos de los anteriores responsables de la consejería, muy críticos con el copago en general y con el sistema establecido, arrojan cifras elevadas en ese sentido: entre 100.000 y 200.000 reintegros en seis meses. Las devoluciones deben tardar precisamente entre tres y seis meses, pero lo cierto es que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Baleares, estos márgenes no están siendo respetados.

En el caso de los jóvenes que, por razones de estudios o por no encontrar trabajo, aun figuran en la tarjeta sanitaria de sus progenitores, el copago que deberán afrontar será aquel que dependa del nivel de la renta de sus padres.