El Senado del Estado Alabama (EE UU) revisó la ley del aborto para convertirlo en crimen, incluso en caso de violación o incesto. La única excepción es si se trata de salvar la vida de la mujer. La artimaña legislativa tiene al menos dos objetivos. El primero es inmediato: las mujeres tendrán prohibido abortar, con una sentencia de 99 años de cárcel para quienes intenten ayudarlas a hacerlo. El segundo objetivo es de largo plazo: ante la reversión de la histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos Roe v. Wade, que despenalizó el aborto, se espera que grupos de defensa de los derechos de las mujeres recurran a acciones judiciales y que el tránsito judicial lleve el caso a la Corte Suprema en los próximos cinco o 10 años. Con una nueva configuración moral de la Corte durante la presidencia de Donald Trump y, en particular, con la nominación del juez Brett Kavanaugh, la expectativa es de que un nuevo capítulo sea escrito en la historia del aborto en el país norteamericano.
Es una trampa política y moral tras la ley de Alabama. Si no existe recurso judicial, las mujeres inmigrantes y más pobres sufrirán las consecuencias de la criminalización, como ocurre con las mujeres de la América Latina y el Caribe: recurrirán a métodos inseguros y clandestinos. Las mujeres con recursos financieros viajarán a los Estados vecinos y tendrán acceso a los servicios de aborto seguro. Si hay respuesta judicial, algo inminente, las feministas propulsarán la revisión de Roe v. Wade a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La artimaña del grupo que movió la acción tiene una estrategia perversa de fondo, con respecto a la cual el abogado de la causa, Eric Johnston, no se avergüenza de anunciar públicamente: en el pasado, el aborto fue descriminalizado con base en una interpretación considerada “frágil” al orden constitucional estadounidense: el principio de la privacidad. No habría derecho a la privacidad así explicitado en el texto constitucional,