El hambre en África pasará a la historia a partir del 2025. Al menos, a eso se han comprometido los Estados miembros de la Unión Africana que se han agrupado para aplicar dentro de sus fronteras unas políticas que avancen hacia este objetivo común. Para lograrlo, tienen claro que deberán trabajar codo con codo, apostar por la agricultura y hacer uso de una materia prima con mucho futuro: los datos abiertos.
La Declaración de Malabo, aprobada en 2014, plantea objetivos ambiciosos. No solo pretende terminar con el hambre, sino también reducir la pobreza a la mitad e introducir a las mujeres y a los jóvenes en las cadenas de producción agrícolas en un crecimiento económico que mejore la vida de todos. Y quiere lograrlo antes de que termine 2025.
Son compromisos valientes: el hambre en el África subsahariana nunca ha afectado a menos del 21% de la población en los últimos 15 años y los que viven con menos de 1,90 dólares al día en esa misma región son todavía 389 millones de personas, un 41% sobre el total.
Los firmantes de Malabo se fijan otras metas para avanzar hacia la seguridad alimentaria: aumentar el comercio interafricano y reducir a la mitad las pérdidas poscosecha serán factores clave, además de buscar también el aumento en la resiliencia climatológica.
Para lograrlo, cada Estado se obliga a destinar el 10% de su gasto público en la agricultura y que este sector aumente su ratio de crecimiento económico un 6% por país. Estas son medidas que ya proponían programas políticos panafricanos anteriores, pero Malabo llega acompañado de mecanismos que fiscalizan el cumplimiento de los estados y que promueven unas políticas mejor dirigidas.
Open Data, una práctica política que llega para quedarse
Los líderes africanos se comprometieron a rendir cuentas de sus acciones y de sus resultados y en el 2018 se lanzó el sistema que lo haría posible. La Comisión de la Unión Africana —junto con otros organismos— creó la African Agricultural Transformation Scorecard,