La Administración Trump ha anunciado este miércoles que pondrá fin a la investigación científica pública con tejidos de fetos. La medida, una nueva victoria para los antiabortistas, pone en riesgo el avance en determinadas áreas de la ciencia biomédica que dependen del material recogido de los fetos abortados, que normalmente se desecha.
Gobiernos estadounidenses de uno y otro signo han financiado investigaciones con tejidos fetales desde hace décadas. El cambio de política no afectará, según ha asegurado el Departamento de Sanidad en un comunicado, a la investigación de financiación privada ni a la que realizan las universidades con fondos públicos, aunque esta será sometida a un mayor escrutinio.
Los tejidos fetales se utilizan en investigaciones sobre el VIH, los cánceres infantiles o el párkinson, entre otras enfermedades. “Hay evidencia sólida de los beneficios científicos derivados de la investigación con tejidos fetales”, dijo en diciembre Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la máxima autoridad de ciencia médica del Gobierno.
Pero acabar con su uso, al menos en los NIH, viene siendo una prioridad de los activistas antiaborto, que constituyen un segmento relevante de la base electoral del presidente Trump. Su Administración ha tomado diversas iniciativas encaminadas a restringir el derecho al aborto, nominando jueces federales contrarios a lo que sigue siendo una práctica legal en todo el país, o tratando de recortar la financiación a organizaciones que proveen servicios de salud reproductivos.
La ofensiva antiabortista se ha redoblado en los últimos meses, con una serie de Estados conservadores que han aprobado leyes enormemente restrictivas, en abierto desafío al derecho constitucional, con la intención última de obligar a pronunciarse sobre el tema a un Tribunal Supremo que, desde que Trump es presidente, posee un mayor sesgo conservador. La semana pasada, el alto tribunal revirtió la resolución de una corte de apelaciones y decidió que entrara en vigor una norma del Estado de Indiana que obligaba a enterrar o incinerar los restos de los fetos.
“Promover la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural es una de las más altas prioridades de la Administración del presidente Trump”,