Una procesión de católicos se congregaba a las puertas del Congreso de Oaxaca con una misión: reventar la sesión del miércoles que votaba la despenalización del aborto. Entre gritos de «asesinas» y amenazas de excomunión, caminaban las diputadas hacia un debate histórico en esta entidad del sur de México. Pero en la Cámara, por primera vez, ellas eran mayoría. Y, desde las gradas, el movimiento feminista oaxaqueño, vestido de verde, esperaba celebrar por fin, después de más de una década de lucha, tener una fecha para marcar en su calendario: 25 de septiembre. «Irán todas al infierno», se escuchó cuando ya no había vuelta atrás.

México observó sorprendido cómo uno de los Estados con peores niveles educativos, con índices altos de marginación y pobreza, con más de 400 municipios indígenas, donde los derechos de las mujeres no fueron durante años una prioridad, se convertía en un ejemplo para el movimiento feminista. Un referente de lucha para el país y también para América Latina. Con 24 votos a favor y 12 en contra, se aprobó la despenalización del aborto. Y las feministas de Oaxaca son estos días el motor de la Marea Verde mexicana.

La lucha empieza en la calle

Mayra Morales, de 35 años, coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos y miembro de Marea Verde, cuenta que su plan no era ser activista. «Un buen día me desperté y estaba sangrando», recuerda. Se había quedado embarazada y acababa de tener un aborto espontáneo. «Entonces entendí la desesperación de miles de mujeres oaxaqueñas».

Comenzó a trabajar con ellas hace 10 años. En una entidad donde la lucha feminista se asociaba a la capital, a las grandes ciudades con las necesidades básicas cubiertas. «Parecía que teníamos que esperar a que se resolvieran las otras problemáticas, que nuestra reivindicación no era urgente», señala. La misión de su organización ha sido informar a las mujeres en colonias, escuelas y comunidades. «Porque en Oaxaca muchas que habían sido violadas, no sabían que podían hacerlo», cuenta. También, acompañar a quienes no podían viajar a la capital para interrumpir su embarazo —donde es legal desde 2007—y brindar defensa legal en los casos en los que,

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