Los juzgados de varias provincias tienen abiertas hasta la fecha 17 causas tras apreciar indicios de delito por el fallecimiento de cientos de mayores en residencias a causa de la pandemia. A estos procedimientos se suman las 140 diligencias penales que instruyen las fiscalías territoriales y que podrían acabar siendo judicializadas.
La resaca procesal que está dejando la crisis sanitaria tiene en los geriátricos uno de sus trágicos protagonistas. El virus ha golpeado sin piedad tanto a residentes como a empleados, y en algunas comunidades suman la mitad de los decesos. Este registro judicial lo lidera la Comunidad de Madrid. De las cerca de 14.000 muertes contabilizados, unas 5.900 han tenido lugar en centros sociosanitarios (residencias, geriátricos o centros de día). Son fallecidos confirmados por coronavirus, unos 1.200, o con sospechas de que lo padecieron, 4.700.
LA CLAVE:
Datos.
De los 44.300 residentes en la región, 6.700 han sido hospitalizados y 5.900 han muerto en geriátricos
Responsabilidad.
El director que firmó el plan de actuación fue cesado esta semana entre alabanzas de Díaz Ayuso
La región suma seis de las 17 causas abiertas y 69 de las 140 pesquisas del Ministerio Público. Estos procesos se abrieron en su mayoría tras las denuncias de la asociación Defensor del Paciente o de particulares. Familiares que vieron como sus allegados se contagiaban y morían en horas sin más información que el certificado de defunción. El encaje delictivo de estos hechos iría desde el homicidio imprudente y el abandono de personas incapaces hasta el maltrato o la omisión del deber de auxilio.
Estos centros dependen de las administraciones autonómicas y en su mayoría son de titularidad privada. Sin embargo, desde mediados de marzo, en plena subida de la curva epidémica, algunos fueron intervenidos por los Gobiernos regionales para protegerse, con escasos medios materiales, de la letal sacudida de virus. En su caso, por contagios importados desde fuera.
En una entrevista publicada por este periódico el 9 de mayo,