La futura nueva ley de residuos y suelos contaminados que prepara el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se encuentra en tramitación parlamentaria, obligará a los ayuntamientos a retirar el amianto de mayor riesgo antes del año 2028. Además, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, tendrán que elaborar un censo de los emplazamientos y las infraestructuras que cuenten con este material cancerígeno y un calendario que planifique su retirada.
Así lo recoge una autoenmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que el Gobierno de coalición está tramitando en el Congreso de los Diputados y a la que ha tenido acceso 20minutos.
La disposición adicional decimocuarta del texto rezaba que «antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Dicho censo, que tendrá carácter público, será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a gestor autorizado».
Sin embargo, la enmienda presentada el pasado miércoles 15 -último día de plazo para ello- por los dos partidos del Gobierno modifica la redacción de la 14 disposición adicional y concreta que será «en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma» cuando los consistorios deberán elaborar el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto,