El Partido Popular ha querido incluir a las mujeres migrantes en situación irregular en su propuesta de ley de apoyo a la maternidad. No les promete medidas para la conciliación, ni garantiza que nadie les niegue su asistencia sanitaria. Tampoco planea flexibilizar los trámites para regularizar a su familia en España. La propuesta de Pablo Casado consiste en garantizar que la madre extranjera que quiera entregar a su bebé en adopción no sea expulsada del país mientras se formalice el proceso. Una iniciativa que, según los especialistas consultados, no tiene fundamento porque la ley ya las ampara. El artículo 57.6 de la ley de extranjería prevé la suspensión de la repatriación de una mujer embarazada cuando exista un riesgo para la gestación o la salud de la madre y en la práctica, según garantizan abogados especialistas en extranjería, ese riesgo puede justificarse con la simple evidencia del embarazo. La presencia de mujeres embarazadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en los aviones de repatriación no es habitual, abundan los expertos.
La propuesta del PP no abre la puerta a conceder la residencia de las mujeres en situación irregular, como se ha llegado a interpretar y como sí se contempla en algunas circunstancias excepcionales como las víctimas de violencia de género que denuncien. Tras entregar al niño, según la propuesta popular, la madre volverá a ser vulnerable ante redadas de identificación y podrá convertirse en una de las cerca de 30 personas que se expulsan de media en España todos los días.
Tras el revuelo que ha ocasionado la iniciativa, el PP ha matizado e insistido en que lo que pretende evitar es que se utilicen los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega de un bebé en adopción “como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer”.
La ley de protección de datos, sin embargo, también blinda la información personal de esas mujeres, más aún si se trata de informaciones sanitarias. “La legislación ya protege a las mujeres en ese sentido.