Poco más de un mes ha necesitado el Tribunal Constitucional de Portugal para declarar por segunda vez ilegal la ley de vientres de alquiler, aprobada por el Parlamento por tres veces y que, pese a haber entrado en vigor durante unos meses, nunca ha tenido resultados prácticos en la forma de un nacimiento.
El fallo ha sido tan rápido como esperado. El Constitucional ya había tumbado la ley anteriormente, en abril de 2018, por la falta de protección de la madre gestante a su derecho al arrepentimiento, por lo que el texto volvió al Parlamento para su corrección. Pero los diputados, en una disputa entre los partidos, han vuelto a aprobar la ley sin alterar el texto en el sentido que exigía el tribunal. En julio, en el último pleno de la legislatura, la Cámara la votó sin enmiendas. El texto fue enviado al presidente de la República como es preceptivo para su promulgación, y este lo envió el 26 de agosto al Constitucional, que ratifica su doctrina.
En apenas cuatro líneas de justificación, el tribunal señala “la violación del derecho al desarrollo de la personalidad de la embarazada, interpretado de acuerdo con el principio de dignidad de la persona humana, y del derecho de constituir familia, en consecuencia, de una restricción excesiva de los mismos”.
El Constitucional no se pronuncia en contra de la existencia de la figura de los vientres de alquiler, pero exige que se salvaguarden mejor los derechos de la gestante, principalmente en lo que respecta al periodo de arrepentimiento, que debe llegar hasta después del parto y antes de la entrega a los padres adoptivos.
En el paso por la Cámara, el izquierdista Bloco, parte de la mayoría parlamentaria, propuso cubrir esa laguna ampliando el periodo de arrepentimiento hasta el momento del registro civil, pero la enmienda no salió adelante y el texto fue aprobado tal como entró en la cámara, lo que lo convertía en una ley muerta.
El culebrón de la ley portuguesa se inició en 2016,