El informe de la Cámara de Cuentas madrileña sobre la contabilidad de la Comunidad de Madrid en 2018 hace una novedosa aportación al contabilizar la deuda pendiente que tiene el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con los cinco hospitales privados que funcionan en régimen de concesión y que no había aflorado en anteriores ejercicios. Esa deuda asciende a 722,3 millones de euros. Según los expertos consultados, cuando se incluya el ejercicio de 2019, la deuda estará próxima a los 1.000 millones de euros. “Este es el muerto en el armario de la Sanidad madrileña que ahora podemos conocer”, concluye el diputado socialista José Manuel Freire, probablemente la persona que más ha estado persiguiendo esta cifra a lo largo de los años.
El informe de la Cámara de Cuentas señala que “las liquidaciones pendientes de los hospitales en concesión” (Hospital Infanta Elena de Valdemoro, Hospital de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, Hospital General de Villalba, Fundación Jiménez Díaz y Hospital Central de la Defensa), y sin perjuicio de la posibilidad de modificación de algunos de los importes hasta el momento de su aprobación definitiva, ascenderían a 64 millones (2015 y anteriores), 198,7 (2016), otros 178,6 (2017) y 280,8 (2018), “importes que debieran figurar en el pasivo del balance hasta su reconocimiento presupuestario”. La suma de estos importes ahora reconocidos asciende a 722.324.000 euros.
“La complejidad de los contratos con estos hospitales dificulta la capacidad de controlarlos y vigilarlos”, sostiene Freire, “de tal manera que hay una diferencia entre lo que estos hospitales dicen que han hecho y lo que le consta a la Administración”. Estas cantidades corresponderían a lo que podría entenderse como el coste de los pacientes atendidos por la llamada “libre elección de médico”. No se conoce, sin embargo, el desglose de estas cantidades entre los nueve hospitales, ni a qué tipo de derivaciones de pacientes de la pública corresponde.
Mónica García, diputada de Más Madrid, obtuvo algunos datos al respecto de las derivaciones a la privada a través de una pregunta parlamentaria. Durante 2018 de los 114.426 pacientes que deberían haber acudido al especialista en un centro público y optaron por uno de gestión privada,