El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció este viernes que examinará una de las leyes contra el aborto de Luisiana, concretamente la que fue aprobada en 2014 que obliga a los médicos que practican interrupción del embarazado a hacerlo en clínicas que estén ubicadas a menos de 48 kilómetros de un hospital general, en el que, además, el doctor debe tener autorización expresa y licencia para poder usar los quirófanos. La medida resulta especialmente grave en un estado con una extensión de 134.000 kilómetros cuadrados —España ocupa unos 505.000—.Luisiana justificó la medida mencionando los riesgos en caso de complicaciones y la consecuente necesidad de transferir a las pacientes a hospitales vecinos.
Se trata de un caso altamente sensible que pondrá a prueba a los nueve miembros del Tribunal. Es el primer caso relacionado con el aborto que examinan desde que se incorporaran los dos nuevos jueces nombrados por Donald Trump: Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. No será hasta el próximo junio cuando el Tribunal haga pública su decisión, en vísperas del arranque de la campaña electoral de 2020. Los detractores de la norma consideran que dejaría al Estado con solo un doctor en una clínica autorizado para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Luisiana sería el séptimo Estado del país en tener solo un proveedor de aborto.
Otra de las grandes críticas de colectivos en defensa del derecho al aborto, como Hope Medical Group for Women, se centra en los requisitos que, según la norma, deben cumplir las clínicas en cuanto a las infraestructuras. Se requieren equipos semejantes a los de los centros hospitalarios, por lo que se establece un ancho mínimo, por ejemplo, para los pasillos, y determinado material quirúrgico “muy costoso”. Esa asociación asegura que si esa ley se pone en marcha, dos de las tres únicas clínicas que practican abortos en Luisiana se verán obligadas a cerrar.
El caso de Luisiana que ha admitido a estudio el Supremo es casi idéntico a uno de Texas que revisó hace tres años, en 2016. Entonces, la máxima autoridad judicial de Estados Unidos decidió derogar la ley al considerar que los requerimientos antes mencionados lastraban el derecho al aborto de las mujeres.