El Ministerio de Justicia da marcha atrás y anuncia que dejará sin efecto la instrucción que este viernes envió la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) —que depende de ese mismo ministerio— a los registros consulares. En ella se abría la puerta a la inscripción de niños nacidos por vientres de alquiler en el extranjero mediante la presentación de una prueba de ADN que certificara la paternidad o maternidad de uno de los progenitores.
El Gobierno, que se ha mostrado contrario a esta práctica, recuerda con esta rectificación que esta está prohibida en España. Los nuevos pasos dados por el Ejecutivo llegan después de que se abriera una crisis en Kiev por un grupo de parejas españolas a las que le fue denegada la inscripción de los menores nacidos mediante esta práctica, también conocida como gestación subrogada, que supone que una mujer gesta durante nueve meses a un menor y cede la maternidad y paternidad a terceros. En Ucrania es algo permitido para parejas heterosexuales casadas; y es uno de los destinos a los que más recurren las familias españolas junto con Estados Unidos, donde el coste de todo el proceso puede ser más del doble (120.000 euros frente a 60.000).
Este sábado, colectivos y asociaciones contrarias a los vientres de alquiler califican esta marcha atrás del Ejecutivo como “un éxito”. La filósofa, escritora feminista y portavoz de No Somos Vasijas Alicia Miyares recuerda que durante las últimas 24 horas “las mujeres contrarias a esto” han estado “muy activas”: “Si lo que se dijo ayer salía adelante suponía el retorno a una época arcaica donde lo único que importaba era el material genético del varón, que se ponía frente a los de las mujeres y los menores”. Ahora, para Miyares falta “la contraorden a embajadas y consulados”. “Que no quede en un mero maquillaje”.
La citada prueba de ADN, que hasta ahora no está recogida en ninguna normativa oficial, se admitía no obstante en la Embajada de España en Kiev hasta el pasado julio.