Las familias que recurran a los vientres de alquiler, una práctica que no es legal en España pero a la que acuden cerca de un millar de parejas españolas cada año, tienen ahora una nueva vía para inscribir a los bebés. El Ministerio de Justicia ha cerrado una nueva instrucción, remitida ya a embajadas y consulados, que amplía los criterios para el registro de estos menores. Ahora las pruebas de ADN serán preceptivas, tras la última crisis vivida en Ucrania, donde varias familias han quedado atrapadas sin poder inscribir a estos bebés y volver a España con ellos. Las asociaciones que defienden la práctica de los vientres de alquiler aplauden esta iniciativa. El presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, la considera “un paso de gigante que regula con garantía la inscripción de los menores”.

La nueva instrucción de Justicia, que sustituye a la de 2010, fija un procedimiento que se aplicaba hasta julio en países como Ucrania pero que no estaba recogido oficialmente. El 13 de febrero, un grupo de familias españolas que pedía registrar a menores en Kiev iniciaron una protesta porque sus solicitudes fueron rechazadas. Exteriores ha confirmado este viernes que se han puesto en contacto con cinco familias para informarles sobre cómo “revisar esos expedientes”.

Ucrania y Estados Unidos son dos de los destinos preferidos por las familias españolas que acuden a esta práctica, que supone que una mujer gesta durante nueve meses un bebé y luego cede la maternidad y paternidad a terceros. En Estados Unidos el proceso cuesta hasta 120.000 euros, en Ucrania, la mitad. Los vientres de alquiler no son legales en España, pero el Estado acaba reconociendo que son hijos de españoles.

La vía se abrió en 2010 tras aprobar la Dirección de Registros y Notariado, que depende del Ministerio de Justicia, una instrucción basada en el interés superior del menor y que los colectivos feministas califican como “una puerta de atrás” para legalizar de facto esta práctica en España. Desde entonces, el camino legal era presentar una sentencia de filiación del menor,

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