La marea verde pro legalización del aborto en Argentina vuelve hoy al Congreso dispuesta a dar batalla en este año electoral. Está previsto que miles de personas, en su mayoría mujeres y jóvenes, se concentren esta tarde en la plaza frente al edificio legislativo para acompañar por octava vez la presentación de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En 2018 el Senado votó en contra, pero la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito -que aglutina a más de 500 organizaciones- ha decidido mover ficha de nuevo y obligar así a los candidatos presidenciales a posicionarse sobre un tema que divide al país.
«Este año que tenemos campaña electoral el aborto tiene que estar en la agenda política y los candidatos y candidatas tienen que referirse. Queremos que no se pueda votar sin saber su posición», dice la psicoanalista Martha Rosenberg, una de las referentes de la Campaña a favor del aborto legal. La iniciativa legislativa legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y extiende el plazo en casos de violación y de riesgo para la vida y/o salud de la madre. Estas excepciones en el proyecto de ley de plazos son actualmente los únicos dos supuestos en los que es legal interrumpir voluntariamente un embarazo.
En Argentina, como en gran parte de América Latina, abortar es un crimen. Es además uno de los más populares, cometido por cerca de mil mujeres cada día, aunque conlleva penas de cárcel de entre uno y cuatro años. La criminalización no las disuade, pero las obliga a abortar en la clandestinidad y pone en riesgo miles de vidas, ya sea por recurrir a métodos inseguros o por retrasar la búsqueda de ayuda médica si surge algún problema ante el temor de quedar detenidas. En este país sudamericano unas 50.000 mujeres son hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de un aborto. En 2016, último año con datos oficiales, 43 murieron por esta causa.
Victoria Donda, la primera diputada firmante del proyecto legislativo,