Tres colectivos feministas han reclamado a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales el compromiso de poner fin a los vientres de alquiler y a la prostitución con el argumento de acabar con la “cultura patriarcal” que se “apropia” del cuerpo de las mujeres.
La asociación No Somos Vasijas, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV) y Stop Vientres de Alquiler han elaborado una agenda feminista con 22 propuestas contra la explotación sexual o reproductiva de las mujeres, con el objetivo de que los grupos políticos las analicen de cara a las elecciones del próximo 28 de abril y propongan reformas legales.
“No se puede apelar al consentimiento ni a la libertad individual cuando se da en un marco de indefensión jurídica o vivencial”, ha defendido en rueda de prensa Alicia Miyares, presidenta de No Somos Vasijas. A su juicio, los partidos que apelan a la “libertad” o al “consentimiento” para regularizar esas prácticas persiguen “lavar las conciencias” de quienes recurren a ellas. “El tiempo de las declaraciones formales ha concluído”, ha destacado Miyares, que ha exigido actuaciones concretas en los programas electorales.
El documento, de ocho páginas, contempla la prohibición de realizar en territorio español “cualquier actividad relacionada con la intermediación que facilite el acceso” a prácticas relacionadas con el “alquiler de vientres” en terceros países. Los colectivos exigen que dicha prohibición vaya acompañada de un catálogo de sanciones a agencias, bufetes, entidades de crédito o financieras y profesionales independientes que incurran en la promoción de esa práctica.
Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE y representante de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, ha considerado que hay que “poner freno” a los “proxenetas reproductivos”, los que “se enriquecen a costa de esta práctica”. Las asociaciones también exigen la anulación de la instrucción de 2010 que permite registrar a niños nacidos por vientres de alquiler fuera de España en España, donde hacerlo es ilegal. Solicitan que la gestación subrogada constituya un delito punible y sancionable y reclaman una reforma de la Ley General de Publicidad (LGP) a fin de incluir como publicidad ilícita cualquier acto o propaganda relacionada con el tema.