La farmacéutica Purdue negocia pagar hasta 10.000 millones por su papel en la crisis de los opioides
El gigante farmacéutico Purdue Pharma, la compañía que comercializa OxyContin, está negociando un multimillonario acuerdo para resolver más de 2.000 demandas presentadas en su contra por su papel en la crisis de los opioides. Según informan este miércoles los medios locales, el pacto incluiría un pago de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares (10.800 millones de euros) y que la familia Sackler ceda el control de su compañía, la que se declararía en bancarrota. Los detalles de las conversaciones entre la empresa y los gobiernos locales y estatales se han filtrado después de que un juez de Oklahoma condenara a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en el aumento de los adictos a los medicamentos para aliviar el dolor.
Las 2.000 demandas pendientes contra Purdue Pharma acusan a la compañía de comercializar agresivamente opioides recetados, minimizar los riesgos de adicción del analgésico OxyContin y presionar a los médicos para que lo recetaran. Tanto Purdue como los Sackler han negado las acusaciones. Cuando la NBC adelantó este martes el posible acuerdo, Purdue respondió en un comunicado que está “preparada para defenderse enérgicamente en el juicio de opioides” previsto para octubre, pero que la compañía ha dejado en claro que ve “poco beneficioso derrochar años de litigios y apelaciones”. “Purdue cree que una resolución global constructiva es el mejor camino a seguir, y la compañía está trabajando activamente con los fiscales generales estatales y otros demandantes para lograr este resultado», sostuvo en un comunicado.
Según los detalles dados a conocer de la propuesta, la familia Sackler, fundadores del imperio farmacéutico en la década de los cincuenta, abandonarían la compañía y contribuirían al pago de la multa con 3.000 millones de dólares, lo que podría sumar 12.000 millones de dólares en total. Purdue Pharma, que se declararía en bancarrota según el Capítulo 11, se transformaría en un «fideicomiso público beneficiario», lo que implicaría que todas las ganancias de las ventas de medicamentos estarían dirigidas a los demandantes, según informa The New York Times citando fuentes anónimas familiarizadas con el acuerdo.