Un mes después de la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha adoptado la decisión de intervenir todos los centros sanitarios privados para ponerlo a disposición del sistema público de salud en materia de realización de pruebas de diagnóstico de la Covid-19, tanto PCR como los test rápidos de detección de anticuerpos. Asimismo, el departamento que dirige el ministro Salvador Illa controlará el precio de estas pruebas para evitar «situaciones abusivas».
Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada deben estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes desde este mismo martes así como para notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de coronavirus detectados.
Así lo establece la Orden SND/344/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, en el que se explica que existe la obligación de que la enfermedad sea notificada tan pronto como se detecte un nuevo caso con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, correspondiendo a las comunidades autónomas, en su ámbito competencial, establecer el procedimiento.
Con este fin, las comunidades autónomas tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal.
Así, la realización de pruebas diagnósticas por los citados centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínico para la detección del Covid-19 quedará sujeta a la prescripción de un facultativo de acuerdo con las directrices acordadas por Sanidad.
Además, la puesta a disposición de medios incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19, con el objeto de evitar «situaciones abusivas» en el acceso a este servicio.
La orden establece asimismo que los centro privados deben notificar los casos detectados de coronavirus así como la compra de test rápidos diagnósticos, especificando a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados el tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso.
Estas medidas estarán vigentes hasta la finalización del estado de alarma, que comenzó el pasado 14 de marzo y que se prolongará hasta la finalización del estado de alarma y sus posibles prórrogas.