Nació prematuro, a las 25 semanas de gestación y por cesárea en el Hospital General de Castellón. Fue en agosto de 2013. Pesó 880 gramos. A los 28 días el bebé se puso “muy malito”, dicen sus padres, Ana y Vicente. Estuvieron dos días pinchándole en las femorales buscando una vía central. Su pierna derecha se puso morada por los hematomas que le habrían provocado los intentos de canalización de la vía. En un pasillo cercano a la UCI de neonatos, afirman los padres, la pediatra jefe les confesó en alusión al pinchazo que, según su relato, provocó que se cortara el riego sanguíneo: “Nos hemos equivocado”. Lo que vino después fue la amputación “por error” de la pierna y una supuesta secuela cerebral al haberle, “también por error”, desintubado “a destiempo”, indican los padres en la denuncia interpuesta a principios de mayo. La Consejería de Sanidad, de la que depende el citado centro hospitalario, defiende que no existieron tales negligencias.
Ana y Vicente, los padres del bebé, denunciaron el caso a la Asociación del Defensor del Paciente, que a su vez llevó la causa ante la Fiscalía de Valencia. Esta la trasladó al ministerio público de Castellón, que acaba de abrir diligencias para investigar lo ocurrido a petición del colectivo. “Ojalá se haga justicia, la que no ha sabido hacer la Administración, porque la familia lo merece”, explica a EL PAÍS Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente.
“Fue un niño muy buscado, llegó mediante una fecundación in vitro”, relatan Ana y Vicente, para quienes la decisión de la Fiscalía es una buena noticia. “Queremos justicia”, dicen. El pequeño tiene hoy cinco años y medio y un 80% de discapacidad. No anda ni se vale por sí mismo. Tiene “leucomalacia periventricular, displasia bronquiopulmonar, retraso madurativo, estrabismo y el 26 de este mes tenemos que hacerle unas pruebas de digestivo en La Fe”, enumera la madre, Ana. Los padres, que piden como “responsabilidad patrimonial la que se ajuste a las necesidades que le hagan falta” a su hijo,