La proposición de ley, muy cuestionada por los juristas, entiende que la negativa de la inoculación puede llegar a ser una sanción grave si pone en riesgo a la población
La proposición de ley, muy cuestionada por los juristas, entiende que la negativa de la inoculación puede llegar a ser una sanción grave si pone en riesgo a la población
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